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miércoles, 2 de abril de 2014

¡Insólito! Senador de Puerto Plata también justifica que ciudadanos dominicanos no puedan querellarse contra funcionarios

¡Insólito! Senador de Puerto Plata también justifica que ciudadanos dominicanos no puedan querellarse contra funcionarios
Por: ANTONIO HEREDIA
aheredia66@gmail.com
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Dijo que el ciudadano podrá denunciar los actos irregulares que los funcionarios, pero no así, querellarse contra éstos.
PUERTO PLATA.- El senador de esta provincia; doctor Francis Vargas quien a la sazón en el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, sin ningún tipo de tapujos justificó ayer la sustitución del párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le quita la prerrogativa a los ciudadanos dominicanos de querellarse contra cualquier funcionario, o ex funcionarios que supuestamente haya cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.
 
El congresista por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que el ciudadano podrá denunciar los actos irregulares que los funcionarios, pero no así, querellarse contra éstos ya que según afirmó eso de querellarse en contra de cualquier funcionario público es supuestamente una facultad exclusiva de los legisladores.
 
Vargas quien para colmo de males en el presidente provincial  del PLD en Puerto Plata, destacó la diferencia entre “denuncia y querellarse”, la cual es muy amplia, por lo que advierte que nadie puede dirigirse ante una fiscalía o corte judicial a emitir querella alguna en contra de un encargado ministerial del Estado como ha sucedido recientemente en contra de Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa y otros ex funcionarios del gobierno que encabezó Leonel Fernández.
 
Asimismo, el también ex gobernador de Puerto Plata aseguró que el Senado hizo uso de su facultad de legislar para asentar que ningún ciudadano puede querellarse en contra de un funcionario público, aunque sí lo puede denunciar.
 
Esta decisión de los congresistas dominicanos ha generado una gran oleada de opiniones en su contra, ya que al parecer las intenciones de los legisladores es que la impunidad siga creciendo al crearle a los funcionarios públicos una especie de coraza protectora mediante la cual los ciudadanos no podrán querellarse por alegados actos de corrupción.

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